Se deslinda diputada del PT de ANAPROMEX
ENSENADA, Mexico.- «Al cancelar a Anapromex, el gobierno debe ofrecer alternativas para regularización de autos ´chocolate´ y no desatar una cacería contra los propietarios de estos vehículos», comentó la Diputada Claudia Agatón Muñiz.
«Entendemos que se pusiera un alto y que se actuara en contra de una organización que lucraba con la necesidad de las personas de proteger su patrimonio, al no poder costear los cobros por regularización que fija el estado», añadió.
Claudia Agatón dijo conocer el mal estado mecánico de los autos usados que entran importados o ilegalmente al país, los cuales tienen una corta vida útil y traen como consecuencia contaminación ambiental al no contar estas unidades con controles de emisiones.
Además, añadió, se incrementa la proliferación de chatarra automotriz.
«Por supuesto que también se provoca un daño a la industria automotriz nacional, al preferir una parte de la población de clase media y baja este tipo de unidades, por ser una opción más barata que adquirir un auto mexicano nuevo por los diversos canales de venta existentes».
En este sentido, añadió: «Tengo muy claro que las personas tienen derecho a adquirir un automóvil para su transporte, para su recreación o para fines productivos cuando se trata de vehículos utilitarios. También, que a causa de la actual economía y la pérdida del valor adquisitivo del salario, es muy difícil para muchas personas adquirir un auto nuevo. De tal forma que entendemos la necesidad de un mercado de autos usados; mercado que debe estar regularizado y controlado en cuanto a los requisitos de importación».
La legisladora del Partido del Trabajo señaló que el problema de fondo es el alto costo que se cobra por las importaciones ya que, a veces, este trámite resulta más caro que el valor del vehículo usado.
«En este sentido queremos recordar que el Gobernador del Estado se comprometió públicamente a implementar un programa de regularización de vehículos sin intermediarios, en donde los propietarios de autos irregulares tratarían directamente con el gobierno, al que pagarían una cuota de recuperación para tener derecho a placas legales».
Y concluyó: «Ahora, si ya se actuó en contra de Anapromex, es necesario entonces que se implemente ese programa de gobierno y evitar una cacería recaudatoria en contra de las personas que poseen un auto chocolate. La necesidad existe y el gobierno debe servirle a la sociedad ofreciéndole alternativas, no tratar de afectar a las personas en su patrimonio porque se puede generar un mayor descontento social». AGP/Redaccion de Elizabeth Vargas
