Congreso de Baja California exonera a víctimas de robo de vehículos de pagos por arrastre y resguardo
Mexicali, Baja California.- Ante la creciente incidencia de robo de vehículos en Baja California, el Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal que exenta a las víctimas de pagar por concepto de arrastre, maniobra y resguardo de sus vehículos recuperados, propuesta por el diputado Diego Echevarría Ibarra.
La medida busca atender un problema significativo: Baja California ocupa el segundo lugar a nivel nacional en incidencia de robo de vehículos. En mayo de 2025 se reportaron 83 robos sin violencia, mientras que aproximadamente el 55% de los casos involucraron agresión física.
El legislador destacó que las víctimas enfrentan una doble afectación, ya que además del robo deben cubrir hasta 10 mil pesos por servicios de arrastre y almacenamiento para recuperar sus unidades, situación que en muchos casos obliga a las personas a renunciar a sus vehículos por no poder pagar los costos.
“Esta reforma no solo busca aliviar la carga económica, sino también atender una injusticia estructural, ya que estos cobros no derivan de una conducta sancionable por parte de la víctima y atentan contra los principios de legalidad y seguridad jurídica”, señaló Echevarría Ibarra.
La reforma también busca homogeneizar la regulación en los distintos municipios del Estado. Mientras en Mexicali y Playas de Rosarito no existía un plazo para presentar la denuncia, en Tijuana se exigía hacerlo en las primeras 24 horas, y en Tecate y Ensenada no había disposición alguna. Bajo la nueva normativa, el propietario del vehículo no deberá pagar los conceptos de arrastre, almacenaje o maniobras siempre que denuncie formalmente el robo dentro de las primeras 72 horas posteriores al hecho y presente la constancia original del reporte y el documento oficial que acredite la liberación del vehículo.
Durante la votación del dictamen, el diputado Diego Lara presentó una reserva para que los ayuntamientos incluyan en sus leyes de ingresos la disposición que permita la exención de multas y derechos por arrastre en casos de vehículos robados y recuperados, asegurando así la efectividad de la reforma en todo el Estado.
Con esta medida, el Congreso busca proteger a las familias bajacalifornianas, reducir el impacto económico de este delito y fortalecer la seguridad jurídica de las víctimas de robo vehicular.
