Van contra desarrolladores que venden casas y dejan obras pendientes
Mexicali, Baja California.- Muchas familias compran una casa con la ilusión de formar un patrimonio, pero en Baja California ese sueño no siempre termina con llaves, calles pavimentadas y servicios completos.
En algunos casos, la realidad llega después, vialidades sin terminar, alumbrado deficiente, áreas comunes abandonadas, servicios incompletos y fraccionamientos que nunca fueron entregados formalmente al Ayuntamiento. Es decir, viviendas vendidas, pero obligaciones pendientes.
Ante este escenario, el diputado Eligio Valencia López presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, con la que busca poner candados a los desarrolladores inmobiliarios que no cumplen con las obras y compromisos de fraccionamientos previamente autorizados.
Desde la Máxima Tribuna, el legislador señaló que Baja California necesita vivienda, inversión y crecimiento, pero también orden, certeza y responsabilidad. Por ello, planteó que quien no haya cumplido con desarrollos anteriores, no pueda recibir nuevas autorizaciones para seguir construyendo.
“El desarrollo urbano debe significar patrimonio, no abandono; certeza, no incertidumbre; y responsabilidad, no cargas trasladadas a las familias”, expuso.
La propuesta contempla la creación del Certificado de Responsabilidad Inmobiliaria, que sería expedido por los Ayuntamientos, así como un Padrón Municipal de Responsabilidad Inmobiliaria, con el objetivo de verificar si los desarrolladores tienen obras inconclusas, obligaciones vencidas, fraccionamientos sin entrega-recepción formal o garantías incumplidas.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es el tema de las fianzas. Valencia López advirtió que de poco sirve exigir garantías si estas vencen antes de que el fraccionamiento sea recibido oficialmente por la autoridad municipal.
Por ello, propuso que las fianzas, seguros de caución o instrumentos equivalentes permanezcan vigentes, suficientes y exigibles hasta que se concrete la entrega-recepción formal de las obras.
En términos simples, la reforma plantea una regla: si el fraccionamiento no ha sido entregado formalmente, la garantía debe seguir vigente; y si existen obligaciones pendientes, el desarrollador no debe recibir autorización para iniciar otro proyecto.
La iniciativa también busca fortalecer la vigilancia de los Órganos Internos de Control municipales, para que den seguimiento al cumplimiento de estas obligaciones y eviten omisiones en la integración de padrones, expedición de certificados y revisión de garantías.
Valencia López señaló que la propuesta será turnada a las comisiones correspondientes para su análisis, con la expectativa de que sea dictaminada con oportunidad, al tratarse de un problema que afecta directamente a familias que viven todos los días las consecuencias de desarrollos urbanos mal concluidos.
