Ensenada veta a empresas señaladas por Estados Unidos; también cerrará paso a socios y accionistas
La medida busca impedir que socios o representantes de esas empresas puedan participar en futuras contrataciones del Ayuntamiento a través de otras sociedades.
Ensenada, Baja California.- El Gobierno Municipal de Ensenada bloqueará cualquier nueva contratación con empresas recientemente señaladas por autoridades de Estados Unidos y ampliará la restricción a sus socios, accionistas, beneficiarios finales y representantes legales.
La alcaldesa Claudia Agatón Muñiz instruyó a la Oficialía Mayor a revisar el padrón municipal de proveedores para identificar tanto a las compañías señaladas como a las personas vinculadas con ellas.
La medida busca impedir que socios o representantes de esas empresas puedan participar en futuras contrataciones del Ayuntamiento a través de otras sociedades.
El Gobierno Municipal informó además que reforzará los procesos de verificación de proveedores y la revisión de la integración corporativa de las personas morales interesadas en prestar bienes o servicios al municipio.
Respecto a contrataciones realizadas anteriormente para el Carnaval de Ensenada, el Ayuntamiento señaló que el Instituto Municipal de Cultura y Desarrollo Humano solicitó a todos los proveedores, personas físicas y morales, una declaración bajo protesta de decir verdad sobre la procedencia lícita de sus recursos.
Los proveedores declararon también cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y otras disposiciones aplicables.
En el caso de las empresas, manifestaron que sus socios, accionistas y beneficiarios finales estaban identificados y que sus aportaciones tenían origen lícito.
También se comprometieron a proporcionar documentación adicional en caso de ser requerida y reconocieron las consecuencias legales de entregar información falsa a una autoridad.
El Ayuntamiento indicó que mantendrá la revisión de sus procedimientos de contratación y fortalecerá los controles aplicados a quienes busquen incorporarse o permanecer como proveedores municipales.
