RÉPLICA
Por Fernando Ribeiro Cham
Atenta solicitud
A la Deutshe Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit.
A la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
A la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, de la SRE.
Por este conducto expreso a ustedes mi sorpresa, mayúscula en la proporción que solo puede ser considerada en los términos que a continuación se relación, respecto al otorgamiento del premio Copilli 2020 al Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, en términos de su posible buena gobernanza, misma que claro, se entiende que al ser un objeto de estudio tan sujeto a la percepción, puede o no coincidir en opiniones, sin embargo es menester de quien esto escribe, ampliar hacia ustedes, algunos considerandos, que, al tenor de la luz que han arrojados, son muestra palpable y visible, de que la buena gobernanza está tan distante de la administración de la entidad premiada, que obligaría a una reconsideración por parte de los otorgantes.
Empecemos pues con mencionar una flagrante, clara y cotidiana violación a la norma estatal, la que rige a la entidad premiada, me refiero a la Ley de Cultura Física y Deportes del Estado de Baja California, que en su artículo 22 fracción III, establece requisitos de elegibilidad para su titular. Aquí encontrarán el citado marco normativo, mismo que el titular del INDE viola al no contar con título ni cédula profesional, https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_VI/22062018_LEYCULTFISICADEP.PDF, no omito mencionar que el mencionado señor González, se ha negado en al menos tres veces a presentar, aun con solicitud ante el organismo garante de la transparencia y el acceso a la información, los documentos probatorios que demuestren que cumple con lo estipulado por la ley.
De entrada premiar a la buena gobernanza, que inicia con la vulneración clara, intencionada y recurrente del marco normativo, resulta contradictorio, pero sustento adicional lo hay.
El semanario Zeta dio cuenta de un claro proceso de anomalías en la adquisición de miles de uniformes deportivos. En resumidas cuentas, la administración de la entidad galardonada, argumentando una premura y necesidad inmediata, asignó de forma directa, mintiendo sobre documentos que aún no estaban en su poder, una adquisición millonaria a una empresa que incumple los mínimos requisitos para ser partícipe de un proceso como el llevado a cabo. La investigación de la prestigiada publicación es reveladora. Había tiempo para licitar, pero no se hizo, se prefirió asignar a una persona afín. Lo mismo sucedió con otra asignación directa para la compra de suplementos nutricionales, con la justificación de ser únicos en el mercado, pero la revisión de cualquier especialista en química y farmacobiología, concluiría en la poca veracidad de lo expuesto por la dependencia. No solo eso, una institución de gobierno favoreció a un particular, no solo adjudicándole de forma anómala una compra por cientos de miles de pesos, sino que también vulneró principios de competitividad entre particulares, al otorgar un aval para recomendar los productos adquiridos. Aquí el enlace de la investigación que no deja espacio a dudas https://zetatijuana.com/2020/04/millonaria-adjudicacion-directa-para-uniformes-de-seleccionados/.
Semáforo en rojo, coincidencia de todos los titulares de los institutos municipales del deporte en torno a la no celebración de eventos deportivos (salvo entrenamientos que respeten el distanciamiento interpersonal) y la entidad galardonada, lejos de cumplir con las disposiciones de la propia autoridad sanitaria, organiza un evento que transgrede no solo el consenso de sus homólogos municipales, sino los protocolos sanitarios estandarizados para la reapertura de actividades consideradas como no esenciales. Lo efectuado por la entidad galardonada, es diametralmente opuesto a lo que sí han respetado las organizaciones de la sociedad civil que fomentan, como objeto en su naturaleza jurídica, el deporte en sus distintas disciplinas, ramas, categorías y modalidades.
Será posible que la buena gobernanza como forma de participación entre gobierno y gobernados y la incidencia social en las decisiones de la administración pública, pueda darse cuando no hay un instrumento de planeación, ejecución y evaluación de la política pública. Si la afirmación es que no, entonces es mucho más grave el fallo, pues al día de hoy, los mecanismos que por ley inciden en la participación social, se encuentran acéfalos o en tardío inicio. El Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte y el Programa Estatal de Cultura Física y Deporte, no han visto la luz y quizá no lleguen a “nacer”, aunque por ley estén previstos como obligación de la entidad premiada.
Si por gobernanza entendemos la eficacia, eficiencia y calidad en la toma de decisiones, cuál sería el valor cuantitativo y cualitativo de dejar a su suerte a un trabajador contagiado por COVID, enmiendo, no a un trabajador cualquiera, a uno que ha dado y pudo seguir dando méritos a la administración. Se imaginan premiar a la “buena gobernanza” de una institución que orilló a adolescentes y jóvenes deportistas a mover cielo, mar y tierra, para que su entrenador, el trabajador de la entidad galardonada, no terminara en la fosa común, sin el mínimo acompañamiento, ni la comunicación con sus allegados. Aquí la investigación de la prestigiada revista PROCESO, que da cuenta de la pésima, insensible y carente de calidad humana, toma de decisiones por parte de la entidad premiada, https://www.proceso.com.mx/632328/criticas-al-inde-de-bc-no-se-les-murio-cualquier-entrenador.
Es mi deseo, el de un bajacaliforniano preocupado por la destrucción de los cimientos de un sistema que produjo resultados a la vista de la opinión pública, el que puedan servir los elementos antes expuestos. Sostener su decisión, sería bajar enormemente el rasero del galardón.