Exhorta Congreso del Estado a esclarecer uso y funcionamiento de cámaras de videovigilancia en Baja California
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Mexicali, Baja California.- El Congreso del Estado de Baja California exhortó a la titular de la Fiscalía General del Estado, María Elena Andrade Ramírez, así como a los presidentes municipales de los siete ayuntamientos, a rendir un informe detallado sobre el número, funcionamiento y utilización de las cámaras de videovigilancia instaladas en sus respectivas demarcaciones, como parte de las estrategias de prevención y combate al delito.
La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, quien presentó la propuesta desde tribuna, subrayó la importancia de fortalecer una estrategia coordinada en materia de seguridad pública. “El tema de prevención del delito es y seguirá siendo de gran relevancia para nuestro Estado”, afirmó.
Recordó que en mayo de 2022, durante la XXIV Legislatura, se aprobó un contrato plurianual para el “Servicio Integral de Equipamiento, Instalación, Mantenimiento e Integración Tecnológica para el Sistema Estatal de Videovigilancia”, el cual contemplaba el crecimiento del sistema de 200 a 4 mil cámaras, además de la instalación de arcos lectores y 4 mil botones de pánico en los siete municipios de la entidad.
Sin embargo, la legisladora advirtió que la implementación de dicha estrategia ha perdido rumbo. Explicó que la operación del sistema C5, inicialmente responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pasó a la Fiscalía General del Estado, lo que ha dejado en incertidumbre la ejecución del contrato autorizado por el Congreso.
“Es fundamental conocer el estado actual de la infraestructura de videovigilancia, cuáles cámaras están operando, cuáles están en desuso y cómo se coordina el acceso a esa tecnología entre municipios y la FGE”, señaló Corral Quintero.
En consecuencia, el Congreso del Estado aprobó solicitar informes a los Ayuntamientos y a la Fiscalía sobre la cantidad total de cámaras instaladas, su estado operativo y el nivel de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para su uso efectivo en tareas de seguridad pública.
