Buscan endurecer castigos por abuso sexual en Baja California

Mexicali, Baja California.- El concepto de “no es no” podría quedar claramente establecido en la ley de Baja California. La diputada Liliana Michel Sánchez Allende presentó una iniciativa para reformar el Código Penal estatal y actualizar los delitos sexuales, colocando el consentimiento como eje central y cerrando vacíos legales que hoy siguen dejando desprotegidas a niñas, adolescentes y mujeres.

La propuesta va directo al punto, el consentimiento no puede asumirse. No basta el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física. Tampoco existe consentimiento cuando hay violencia, intimidación, engaño, abuso de poder, autoridad o cualquier situación de vulnerabilidad. En pocas palabras, si no hay un sí claro, no hay consentimiento.

Uno de los cambios más relevantes es la ampliación del concepto de acto sexual. Ya no se limita solo al contacto físico, sino que incluye conductas como la exhibición forzada o la obligación de presenciar actos de carácter sexual, prácticas que hasta ahora quedaban en una zona gris dentro de la ley.

Además, la iniciativa propone penas más severas de prisión y multas, junto con medidas reeducativas obligatorias para las personas sentenciadas, con el objetivo de evitar la reincidencia y atacar el problema desde una raíz cultural, la normalización de la violencia sexual.

El endurecimiento de castigos será aún mayor cuando exista una relación de confianza o poder, como parentesco, autoridad, dependencia económica, o cuando el delito sea cometido por servidores públicos, ministros de culto, profesionistas, o mediante el uso de sustancias para anular la voluntad de la víctima.

Otro punto clave es que el abuso sexual ya no dependería de una denuncia directa de la víctima, al proponerse que el delito sea perseguido de oficio. También se reconoce de manera explícita la reparación integral del daño, que incluye atención psicológica especializada hasta la recuperación total de la persona afectada.

Con esta iniciativa, el Congreso del Estado de Baja California busca alinear la legislación local con estándares nacionales e internacionales, responder a la Alerta de Violencia de Género y, sobre todo, enviar un mensaje claro, la violencia sexual no se minimiza, no se justifica y no queda impune.