Proponen limitar salarios, pensiones y jubilaciones de funcionarios en baja california
El diputado de Morena, Juan Manuel Molina García, presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer límites claros y transparentes a las remuneraciones, jubilaciones y pensiones de las personas servidoras públicas en Baja California.
La propuesta busca armonizar la Constitución local con el artículo 127 de la Constitución federal, en cumplimiento al mandato del Congreso de la Unión, que establece un plazo de 90 días para adecuar el marco jurídico estatal.
Molina García señaló que la reforma es necesaria desde una perspectiva de disciplina presupuestal y justicia social, al considerar que permitir prestaciones por encima de los límites constitucionales federales representa un gasto injustificado.
“La reforma planteada es apremiante desde la perspectiva de la disciplina presupuestal y la justicia social. Tolerar prestaciones que superen los límites constitucionales federales representa un dispendio injustificado, contrario al principio de justicia distributiva que debe orientar el ejercicio del gasto público”, destacó el legislador.
Entre los puntos principales de la iniciativa se establece que las remuneraciones deberán ser congruentes con la situación socioeconómica del Estado y con las condiciones de la Hacienda Pública.
Además, se plantea que ningún servidor público pueda recibir una remuneración mayor a la aprobada para la Gobernadora o Gobernador del Estado.
La reforma también prohíbe que una persona servidora pública perciba ingresos iguales o superiores a los de su superior jerárquico, salvo en casos técnicos o contractuales específicos.
Otro de los aspectos contemplados es que los tabuladores salariales sean públicos y detallen todos los elementos fijos y variables de las remuneraciones, tanto en efectivo como en especie.
Asimismo, las pensiones y jubilaciones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos del Estado y de los municipios deberán respetar los topes máximos previstos en el artículo 127 de la Constitución federal.
Molina García afirmó que esta reforma busca cerrar espacios a privilegios y excesos dentro del aparato público estatal y municipal.
“Este Congreso tiene la responsabilidad de garantizar remuneraciones justas y transparentes, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones, y mediante esta reforma se consolida un marco de austeridad, proporcionalidad y rendición de cuentas que cierra espacios a privilegios y excesos en el aparato público estatal y municipal”, subrayó.
