Buscan garantizar accesos públicos a playas cada tres kilómetros y sin cobros en Baja California
Llegar a una playa no debería depender de pagar una cuota, atravesar una propiedad privada o encontrar algún camino improvisado, bajo esa premisa, el Congreso de Baja California aprobó enviar al Congreso de la Unión una iniciativa que busca garantizar accesos públicos a las playas del país por lo menos cada tres kilómetros.
Mexicali, Baja California.- Llegar a una playa no debería depender de pagar una cuota, atravesar una propiedad privada o encontrar algún camino improvisado, bajo esa premisa, el Congreso de Baja California aprobó enviar al Congreso de la Unión una iniciativa que busca garantizar accesos públicos a las playas del país por lo menos cada tres kilómetros.
La propuesta plantea reformar el artículo 127 de la Ley General de Bienes Nacionales para establecer que personas físicas o empresas que tengan concesiones o propiedades colindantes con playas deberán permitir el libre tránsito hacia ellas, sin cobros directos o indirectos.
Además, establece que las autoridades deberán habilitar, señalizar y mantener accesos públicos suficientes y adecuados cada tres kilómetros a lo largo de las costas.
La iniciativa también contempla sanciones para quienes impidan, bloqueen o restrinjan el paso hacia las playas.
La propuesta fue presentada por la diputada Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza, quien argumentó que, aunque actualmente la legislación federal reconoce que las playas son bienes nacionales de uso común y establece el libre acceso, en la práctica existen puntos donde llegar al mar se complica por propiedades privadas, concesiones o simplemente porque no existen caminos públicos.
Uno de los cambios planteados consiste en eliminar del artículo 127 la palabra “convenga”, al considerar que permite interpretaciones discrecionales sobre la obligación de permitir el acceso.
También se propone retirar la expresión “mediando compensación”, con la intención de evitar que el acceso a una playa pueda quedar condicionado a algún tipo de pago.
La reforma contempla además la participación de gobiernos estatales y municipales en la vigilancia y conservación de estos accesos.
El proyecto fue aprobado por unanimidad por el Pleno de la XXV Legislatura de Baja California como parte del Dictamen 113 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.
Sin embargo, la modificación todavía no entra en vigor.
Al tratarse de una reforma a una ley federal, la propuesta será enviada al Congreso de la Unión, donde deberá continuar el proceso legislativo correspondiente antes de que pueda convertirse en ley.
