Diputada Daylín García propone reformas para reforzar la protección digital en Baja California
Mexicali, Baja California.- La diputada Daylín García Ruvalcaba presentó ante el Congreso de Baja California un paquete de reformas para fortalecer la protección digital y actualizar la legislación estatal frente a nuevas formas de violencia y delitos cometidos mediante el uso de tecnologías e inteligencia artificial.
La propuesta contempla la creación de un Registro Estatal de Personas Sentenciadas por Delitos de Violencia Digital, administrado por la Fiscalía General del Estado. Este padrón incluiría únicamente sentencias firmes y operaría bajo criterios de protección de datos personales, con el objetivo de identificar casos de reincidencia, generar estadísticas y prevenir nuevas agresiones.
Además, plantea incorporar a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia un registro confidencial y no público de personas sentenciadas por violencia digital, enfocado en brindar mayor protección a mujeres, adolescentes y niñas.
Como parte de las medidas preventivas, la iniciativa propone la creación de un Violentómetro Digital, una herramienta que permitirá identificar conductas de violencia en entornos digitales, orientar a las víctimas y facilitar el acceso a mecanismos de atención, denuncia y protección.
En el ámbito educativo, la legisladora busca reformar la Ley de Educación del Estado para incluir contenidos sobre violencia digital y mediática en campañas y materiales escolares, además de promover el uso del Violentómetro Digital en las escuelas para fortalecer la cultura del autocuidado en internet.
El paquete de reformas también propone adicionar un nuevo apartado al Código Penal del Estado para tipificar los delitos cometidos mediante el uso de inteligencia artificial, como la suplantación de identidad, creación de evidencia falsa, manipulación de imágenes o videos, fraude, extorsión y otras formas de violencia digital.
Daylín García señaló que Baja California necesita un marco jurídico actualizado que permita responder a los riesgos del entorno digital y proteger la seguridad, identidad y dignidad de la población, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
