Secretaría reconoce subejercicio y pendientes en políticas de inclusión

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En la glosa del Quinto Informe, diputadas y diputados cuestionaron los resultados de los programas, la atención a personas en situación de calle y la falta de personal e intérpretes para atender a grupos prioritarios.

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Mexicali, Baja California.- La Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género reconoció un subejercicio considerable entre enero y octubre, relacionado con apoyos sujetos a reglas de operación cuya convocatoria aún está pendiente de publicarse. El tema surgió durante la comparecencia de la encargada de despacho, María Isabel Adame Fuentes, ante la Comisión de la Diversidad del Congreso de Baja California.

La funcionaria presentó las acciones de la dependencia para combatir la discriminación y ampliar el acceso a derechos y servicios. Sin embargo, las preguntas de las diputaciones también expusieron retos en la aplicación de esas políticas: desde la atención a personas en situación de calle hasta la inclusión laboral y educativa de personas con discapacidad y neurodivergencias.

El presidente de la comisión, Jaime Cantón Rocha, preguntó por las estrategias dirigidas a la comunidad LGBTIQ+ ante el aumento de discursos de odio en plataformas digitales. Adame Fuentes mencionó la campaña “Vivir con orgullo es un derecho”, que busca promover el respeto y la inclusión mediante nuevas tecnologías.

Sobre las personas en situación de calle en Mexicali, la diputada Michel Sánchez Allende pidió conocer el diagnóstico y las resistencias institucionales para aplicar políticas de inclusión. La Secretaría destacó el programa “Ser incluyente”, enfocado en sensibilizar a instituciones públicas, y las jornadas de atención realizadas junto con asociaciones civiles y otras dependencias. También señaló “Apapachar la calle” entre sus programas de impacto social.

En materia educativa, la diputada Santa Alejandrina Corral planteó la necesidad de garantizar accesibilidad para estudiantes con discapacidad y neurodivergencias, además de evaluar las capacitaciones impartidas a personal público. La funcionaria informó sobre el programa “Zona cero discriminación” y anunció un manual para fortalecer la formación del personal educativo en neurodiversidad, accesibilidad e inclusión.

La diputada Julia Andrea González solicitó detalles sobre el presupuesto ejercido y los apoyos para personas en situación de vulnerabilidad. En respuesta, la Secretaría reconoció el subejercicio y explicó que parte de los recursos corresponde a apoyos sujetos a reglas de operación, con convocatorias todavía pendientes.

También se expusieron limitaciones para atender directamente a personas afectadas por discriminación. Ante el cuestionamiento del diputado Juan Manuel Molina, Adame Fuentes reconoció que la dependencia tiene poco personal para brindar acompañamiento, aunque dijo que da seguimiento a las solicitudes recibidas y prepara una guía de atención para grupos prioritarios.

En el ámbito laboral, la diputada Mayola Gaona preguntó por la incorporación de personas con discapacidad al empleo formal y la protección de los derechos de quienes permanecen en centros de rehabilitación. La Secretaría indicó que trabaja con la dependencia estatal del Trabajo para vincular a personas con empresas y que ha realizado acercamientos con esos centros para conocer necesidades y recibir quejas.

La comparecencia también abordó la atención a comunidades indígenas y la disponibilidad de intérpretes certificados. A pregunta de la diputada Dunnia Montserrat Murillo, la dependencia informó sobre dos procesos de formación: uno con 40 participantes para el ámbito de salud y otro con 22 para servicios públicos. Además, reconoció que se requiere más presupuesto para ampliar estos servicios.

Entre las acciones expuestas también se mencionó “Conecta por la inclusión”, programa que busca fortalecer la participación de distintos sectores y acercar los servicios institucionales a las comunidades. La diputada Yohana Hinojosa, por su parte, cuestionó los resultados de las medidas contra la discriminación y la inversión destinada a infraestructura y operación; la funcionaria respondió que se establecieron enlaces institucionales y mecanismos de autoevaluación en dependencias públicas.