Exhortó a los Ayuntamientos de BC para qué mejorar las condiciones laborales de la policía
Mexicali, Baja California.- El Congreso de Baja California ha emitido un llamado urgente a los siete alcaldes del estado para que mejoren las condiciones laborales de los agentes de las instituciones policiales municipales.
El exhorto busca homologar y, si es posible, superar el estándar de remuneración fijado en 19,258 pesos con 61 centavos al mes, conforme a la Propuesta de Salario Digno de Policía 2023, elaborada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
Este exhorto, presentado por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Diego Echavarría Ibarra, destaca la disparidad en los ingresos de los policías municipales en los distintos municipios de Baja California, que continúan siendo inferiores a la recomendación nacional.
Echavarría Ibarra enfatizó la importancia de dignificar económicamente la labor policial, ya que el sueldo promedio a nivel nacional de un policía es de 13 mil pesos, cuando debería ser al menos 15,885 pesos. Esto, argumenta, contribuiría a prevenir la corrupción en las fuerzas policiales y brindaría una vida digna a los agentes y sus familias.
El diputado mencionó un estudio publicado el 14 de junio de 2023 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que recomienda un salario de 19,258 pesos para Baja California, lo que lo convertiría en el segundo mejor pagado del país, solo por detrás de Quintana Roo.
En la actualidad, según el estudio, el salario promedio de un agente policial en Baja California es de 17,052 pesos mensuales, lo que representa una diferencia de más de dos mil pesos respecto al ingreso considerado como mínimo digno.
El diputado subrayó que, dado que los municipios están trabajando en sus proyectos de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2024 y en la aprobación de sus presupuestos de egresos, es esencial exhortar a los alcaldes a que, dentro de sus posibilidades presupuestales y respetando su autonomía hacendaria, dediquen esfuerzos financieros adicionales para mejorar las condiciones laborales de los agentes de las instituciones policiales municipales.
