Proponen en Baja California eliminar causales de divorcio, bastará la voluntad de una sola persona

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Mexicali, Baja California. – La diputada Adriana Padilla Mendoza presentó una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado de Baja California con el objetivo de eliminar las causales de divorcio y permitir la disolución del matrimonio por la sola voluntad de una de las partes, sin necesidad de justificar motivos ante un juez.

La legisladora del Partido Verde explicó que esta propuesta busca armonizar el marco jurídico estatal con los derechos humanos y con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente el derecho al libre desarrollo de la personalidad, contemplado en los artículos 1º y 4º de la Constitución mexicana.

“El divorcio debe dejar de ser un proceso judicial cargado de culpa, desgaste emocional y burocracia. Nadie debería estar obligado a permanecer casado si ya no lo desea”, afirmó Padilla Mendoza.

La iniciativa contempla reformas a los artículos 263, 264, 269, 270, 273 y 286 del Código Civil, y propone derogar más de veinte artículos que hasta hoy exigen la existencia de causas específicas para poder solicitar el divorcio. Con la reforma, bastará con que uno de los cónyuges exprese su deseo de separarse, acompañado de una propuesta de convenio que regule las consecuencias legales del procedimiento.

También se mantiene el esquema de divorcio administrativo y se fortalecen las disposiciones relacionadas con el mutuo consentimiento, garantizando en todo momento los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

La diputada subrayó que Baja California va a la zaga de otras entidades como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León, donde ya está vigente el divorcio sin expresión de causa.

“No podemos seguir atando la disolución del matrimonio a un catálogo de culpas. La ley debe reflejar los principios de igualdad, libertad y respeto a la vida privada”, agregó.

Con esta reforma, se pretende eliminar cargas procesales innecesarias, agilizar el acceso al divorcio y proteger a las personas de juicios que pueden resultar revictimizantes, avanzando hacia un modelo jurídico más humano y respetuoso de la voluntad individual.