Quieren cerrar la puerta a los ajustes al presupuesto hechos a espaldas del Congreso
Mexicali, Baja California.- La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero volvió a poner el dedo en la llaga del manejo del dinero público en Baja California. Presentó una iniciativa para cerrar la puerta a una práctica que, aunque legal, ha permitido mover millones de pesos del presupuesto sin pedir permiso al Congreso.
La propuesta busca eliminar los llamados mecanismos de “aviso”, una figura que actualmente permite al Poder Ejecutivo, ayuntamientos y otros entes públicos hacer ampliaciones, recortes o transferencias presupuestales sin autorización previa del Legislativo, limitándose únicamente a informar después de que el dinero ya fue movido.
En los hechos —advirtió la legisladora— este esquema ha servido para realizar ajustes importantes al gasto público sin debate, sin análisis y sin el control político que debería ejercer el Congreso. Una práctica heredada de leyes anteriores que, a base de excepciones, terminó normalizando la discrecionalidad.
Corral Quintero señaló que estas modificaciones alteran las prioridades aprobadas en el Presupuesto de Egresos, cambian el destino de los recursos y debilitan la transparencia, ya que el dinero público puede ser reorientado sin explicación pública ni discusión legislativa.
La diputada recordó que el presupuesto no es un trámite administrativo, sino el resultado de acuerdos políticos que reflejan prioridades sociales. Permitir cambios sin revisión del Congreso —subrayó— rompe el equilibrio entre poderes y reduce la rendición de cuentas.
La iniciativa no es nueva. La legisladora ya había presentado una propuesta similar en 2025, pero quedó en el archivo tras la abrogación de la ley anterior. Ahora fue actualizada al nuevo marco legal con un objetivo claro: que el Congreso recupere el control real sobre cómo, cuándo y en qué se gasta el dinero público.
El planteamiento es simple pero contundente: cualquier modificación presupuestal relevante debe pasar por un proceso formal de autorización legislativa. Convertir esos cambios en simples avisos, concluyó, pone en riesgo la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos en Baja California y sus municipios.
