Buscan castigar la omisión de cuidado cuando ponga en riesgo a menores y personas con discapacidad
Mexicali, Baja California.- La diputada Evelyn Sánchez Sánchez presentó una iniciativa para que en Baja California se castigue como delito la omisión del deber de cuidado cuando niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad sean expuestos a un riesgo grave, aunque no lleguen a sufrir lesiones o perder la vida.
La propuesta plantea reformar el Código Penal del Estado para que las autoridades puedan actuar antes de que ocurra una tragedia, ya que actualmente las omisiones suelen sancionarse solo cuando ya existe un daño consumado, como lesiones o fallecimiento.
La iniciativa busca agregar un nuevo capítulo denominado “Omisión del Deber de Cuidado de Personas en Situación de Vulnerabilidad”, con el que se sancionaría a quienes tengan la obligación legal de proteger, vigilar, atender o supervisar a una persona vulnerable y, por descuido o negligencia, la expongan a un riesgo real, grave y evitable.
De acuerdo con el planteamiento, la sanción podría agravarse cuando la omisión sea cometida por servidores públicos, personal de escuelas, hospitales, centros de asistencia social, albergues o espacios de cuidado. También se considerarían agravantes los casos donde haya dos o más víctimas, o cuando la omisión derive en lesiones, discapacidad permanente o la muerte.
Sin embargo, la reforma también establece excepciones. No se castigaría a quienes hayan omitido cuidados por condiciones de pobreza, falta de recursos, vulnerabilidad social o situaciones materiales que realmente limitaran su capacidad de atención, siempre y cuando hayan actuado con diligencia dentro de sus posibilidades, intentado evitar el riesgo o dado aviso oportuno a las autoridades.
Evelyn Sánchez señaló que la intención de esta reforma es contar con herramientas legales para prevenir casos de violencia, abandono o negligencia antes de que las consecuencias sean irreparables.
La propuesta será analizada en el Congreso del Estado, donde se discutirá si Baja California incorpora esta figura como delito autónomo dentro de su legislación penal.
